Cuatro averiguaciones previas se abrieron tras la denuncia de la diputada perredista, Irma Ramos Galindo, sobre las presiones del animador de un jaripeo nocturno para que un grupo de niños del municipio de Hueytlalpan se desnudaran frente a los asistentes al evento, a cambio de dinero.
Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que está pendiente de la actuación que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre este caso, además de que estudia la posibilidad de atraer el expediente.
El organismo nacional señaló que “con base en el artículo 60 de su ley, podría ejercer la facultad de atracción y continuar la investigación de las presuntas violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de varios menores de edad de extracción indígena”.
Por su parte, Víctor Pérez Dorantes, subprocurador de Averiguaciones Previas y Procesos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Puebla, señaló que algunas personas ya comenzaron a presentarse ante la dependencia para rendir sus declaraciones sobre el incidente ocurrido el pasado 29 de noviembre en el municipio de Hueytlalpan.
Sin embargo, no se dio a conocer quiénes son los acusados de manera directa, bajo el argumento de que no se quiere entorpecer las investigaciones emprendidas desde que la legisladora perredista dió a conocer el caso y presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la semana pasada.
Tanto agentes de la Procuraduría de Justicia como visitadores de la Comisión de Derechos Humanos estatal realizan pesquisas en el municipio ubicado en la sierra norte de la entidad, con el fin de determinar quiénes son los responsables de que cuatro menores hayan sido incitados a desnudarse a cambio de premios económicos.
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