El gobierno y el Congreso de Coahuila propusieron ayer al Congreso de la Unión que debata en torno de la pena de muerte y legisle su aplicación a secuestradores —sólo en caso de que éstos maten a su víctima— mediante una reforma constitucional, expresamente a los artículos 14 y 22 de la Carta Magna.“Si los diputados federales saben interpretar el sentir de 75 por ciento de los mexicanos que están a favor de la pena de muerte, esperamos que se apruebe nuestra iniciativa”, planteó ayer el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso coahuilense, Horacio del Bosque Dávila.Dijo que, formalmente, la iniciativa la enviarán a la Cámara de Diputados antes del día 15 de este mes, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, a efecto de someterla a análisis y debate. “Somos parte del Pacto Federal y respetaremos la decisión de la mayoría legislativa; es una propuesta y, por tanto, no es aplicable en este momento”, citó.Así, de manera previa, en entrevista explicó los fundamentos de dicha iniciativa que fue del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y que luego hizo suya el Congreso local para aprobarla por 22 votos a favor y 10 en contra, en la sesión del martes último.En el preámbulo, el legislador priista consideró que hay una mala lectura de quienes descalificaron al Congreso y al gobernador de Coahuila, a quien incluso el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Gustavo Madero, amenazó con someterlo a juicio político por impulsar el restablecimiento de la pena de muerte en el país.“Lamento las declaraciones del senador Madero y del presidente de la CNDH (José Luis Soberanes Fernández), y con todo respeto les digo que no saben leer o que, al menos, no se tomaron la molestia de preguntar cómo es un procesamiento legislativo”, refirió.En este tenor explicó que, sin duda, esta es una propuesta que debe seguir el procedimiento legislativo, con carácter de iniciativa que habrá de debatirse en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, porque al tratarse de una reforma constitucional, de ser aprobada en la primera debe ser confirmada en la segunda y, luego, por 17 de los 31 congresos locales de todo el país.—Hay quienes, como los legisladores panistas, que los quieren quemar en leña verde por pedir el restablecimiento de la pena de muerte —se planteó al diputado local del PRI.—Sí, lo hemos escuchado. Pero insisto en que primero deben saber que, como parte del Constituyente Permanente, podemos promover reformas a la Constitución General de la República, mediante iniciativa turnada a la Cámara de Diputados —expuso.Además, prosiguió, es claro que como parte del Pacto Federal debemos ajustarnos a lo que determine el Congreso de la Unión, y si el Congreso de la Unión dice que no prospera, que no aprueba nuestra iniciativa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte, pues sencillamente no la aplicamos.También, abundó, deben saber quienes nos critican y censuran que nuestra propuesta aprobada por mayoría, hasta que tenga el respaldo del Congreso de la Unión y los congresos locales, no tiene validez, es decir, no podemos decir que ya, a partir de mañana, enjuiciaremos a un secuestrador para aplicarle la pena de muerte.En síntesis, puntualizó, “si no hay reforma constitucional, no hay nada y, entonces sí, en caso de que la aplicara el gobernador en el estado, podría ser sujeto de juicio político”.
La propuesta divide a seis mandatarios priistas
Seis gobernadores priistas dividieron ayer posiciones respecto a la aplicación de la pena de muerte, aprobada el martes por el Congreso de Coahuila, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, se declaró abierta y decididamente a favor de la pena capital.Otros mandatarios estatales, como los de Puebla, Mario Marín, y de Nuevo León, Natividad González Parás, señalaron que en sus entidades la pena máxima alcanza prácticamente la cadena perpetua, por lo que resulta innecesario legislar en torno a la pena de muerte.Antes de iniciar la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, al sur de la capital de la República, los gobernadores de Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Yucatán, Colima y Tabasco, se pronunciaron en torno a la aprobación del Congreso de Coahuila para aplicar la pena de muerte a secuestradores que quiten la vida a sus plagiados.El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, también del PRI, dijo que la sociedad ha llegado a un hartazgo por la creciente violencia en el país, particularmente por el delito del secuestro, por lo que es necesario abrir un debate respecto a la pena de muerte en el país.No obstante, el legislador por el estado de Chihuahua no se pronunció abiertamente a favor de la pena capital, asunto sobre el cual, dijo, deberá consultarse a la ciudadanía. (Luciano Franco)
Así no se afronta el problema, dice la Iglesia
“Quiere una salida facilita”, así respondió el Episcopado Mexicano a la propuesta del gobernador de Cuahuila, Humberto Moreira, de aplicar pena de muerte a secuestradores que asesinen o mutilen a sus víctimas.El secretario general de la CEM, José Leopoldo González González, advirtió que con su propuesta de “propagación de la muerte”, el mandatario no entra en el esquema de un buen católico que se dice discípulo del Señor.Afirmó que la pena de muerte no es una solución al secuestro, sino una manera de no querer afrontar el problema. Y agregó que la propuesta puede ser utilizada como “raja política”.“Es una salida muy facilita.
No queremos salidas fáciles, sino crear una cultura religiosa y ética donde las nuevas generaciones estén formadas en valores como el de la vida”, dijo.Advirtió que tras su propuesta de pena capital, Moreira también queda como un católico que no supo aplicar su creencia con su práctica profesional.Expresó que el problema en México es que “le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos alejado de Dios y ahora andamos ahogándonos y no encontramos la tabla de salvación y nos andamos ahogando y buscando culpables”.Alertó que con la pena de muerte existe el riesgo de que se vayan de por medio vidas inocentes, “quién va a decir si de verdad la persona es culpable o no (...) van a caer muchos inocentes”.
Recordó que nadie puede disponer de la vida de otras personas, por ello aseguró que la Iglesia católica luchará para que no se llegue a generalizar la idea de la aplicación de la pena de muerte porque “estamos convencidos que es un camino fácil y no es la solución”.Sostuvo que a pesar de que en el país exista “oscuridad y tinieblas” por la inseguridad y el narcotráfico, aún “vemos esperanza, los mexicanos confían en las instituciones que hacen su deber y esos son signos de esperanza para la sociedad”.Recordó que el Estado está para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida. Y dijo que el gobierno tiene la obligación de ofrecer espacios de desarrollo para que no haya delincuentes. (Mariana Viayra Ramírez)
Sería un retroceso: Soberanes
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), rechazó la decisión del gobierno y el Congreso de Coahuila de restablecer la pena de muerte en esa entidad.El ombudsman nacional señaló que es indispensable que los secuestradores sean identificados, perseguidos y castigados con severidad y sin privilegios, tal como lo establece el orden jurídico, más que buscar nuevas penalidades contra los culpables.“La reinstalación de la pena de muerte representaría un retroceso e incluso un peligro, por la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento poco profesional de sus órganos auxiliares”, aseguró.Soberanes Fernández indicó que el abatimiento de la impunidad delictiva sólo será posible con investigaciones profesionales hechas por autoridades y policías capacitados, “no amafiadas con organizaciones criminales, como suele ocurrir con frecuencia”.
En un comunicado, la CNDH dijo que a pesar de que continúa el debate sobre la posible aplicación de la pena de muerte, ésta no tiene cabida en México.Consideró que la idea de restablecer dicha pena está alimentada por los hechos de violencia del narcotráfico, que son evidentes, sin embargo precisó que el origen del problema está en la impunidad de los órganos encargados de prevenir, investigar y sancionar. (Redacción)
Por medio de esta entrada, y con lo que finalizamos un semestre más...
