El que los dos principales testigos de cargo no hayan ratificado las acusaciones contra Jorge Vizcarra Mayorga al final no le ayudó. El juez decimosexto de lo criminal le dictó ayer auto de formal prisión y sujeción a proceso al desaforado ex alcalde de Tonalá, por los delitos de homicidio calificado —con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja— y delincuencia organizada, en agravio de quien fue su funcionario, Carlos Romo Guízar. Ambos cargos son considerados graves, por lo que Vizcarra no alcanza la libertad bajo fianza.
Aproximadamente a las 9:30 am, el secretario dio lectura a la determinación judicial ante un indiferente Vizcarra Mayorga que solamente escuchaba: “Se decreta en su contra auto de formal prisión en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto por el artículo 213 en relación con el artículo 219 fracción primera, en sus modalidades de premeditación, alevosía y ventaja”.
Después se escucharon algunos sollozos entre los familiares del ex presidente municipal tonalteca. En forma de consuelo, Vizcarra Mayorga les decía: “No pasa nada, no pasa nada; los hombres así se forjan”.
El juzgador Jorge Luis Solís Aranda, en cambio, defendió su fallo como una decisión sujeta a la legalidad, y sostuvo que había encontrado elementos para declarar al político tonalteca bajo proceso penal “porque hay elementos de prueba y convicción en su contra”.
Había dudas sobre el fallo debido a que la víspera uno de los dos testigos presentados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, Rubén Darío Gómez Madrid, dijo que inculpó al ex alcalde por presiones de los agentes investigadores; y el otro, Omar Melquiades Fajardo, se negó a declarar (Público, 10 de septiembre de 2008).
Tras conocer la decisión, el defensor particular de Jorge Vizcarra, Marco Antonio Cuevas Contreras, explicó que interpondrá una demanda de amparo ante un juez de distrito y afirmó: “El juez ha errado gravemente porque había evidencias para decretar la libertad de Jorge Vizcarra. No quieren su libertad antes de 2009 porque regresaría como alcalde de Tonalá, pero en los tribunales federales no tienen ningún interés y habrá más credibilidad en ellos”.
Por separado, en entrevista, el procurador estatal de Justicia, Tomás Coronado Olmos, negó que, ante el auto de formal prisión dictado en contra del ex alcalce de Tonalá, se hará escarnio de su situación.
Interrogado después de la entrega de armamento y vehículos a corporaciones policiacas que presidió ayer por la mañana el gobernador Emilio González Márquez, el procurador avaló el trabajo hecho por su dependencia, que fue, dijo, lo que definió la situación jurídica del ex presidente tonalteca.
“No vamos a litigar en medios de comunicación este asunto, aún hay muchos casos en proceso ante los juzgados y nosotros respetamos las decisiones de los jueces”, agregó.
Sobre el mismo tema, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, rechazó que el proceso que se le sigue a Jorge Vizcarra sea una vendetta política: “Por supuesto que se descarta. Evidentemente, la Procuraduría presentó los elementos suficientes para que el juez dictara el auto de formal prisión”. Sobre la presunta culpabilidad del ex alcalde, dijo que esto se determinará en el momento en que haya una sentencia definitiva.
FUENTE: Periodico Publico http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=653348
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